El retraso en las tarifas de los servicios públicos, en especial en el área metropolitana, y los niveles observados de pobreza tornaban indispensable la creación de una tarifa social, para aislar de las recomposiciones tarifarias a los sectores de menores ingresos.

El diseño de la Tarifa Social es controvertido y revisable. ¿A quiénes alcanza?, ¿Los criterios son iguales para todos?, ¿Cuánto se subsidia?, ¿El subsidio es equivalente para todos los servicios?, ¿Reducimos tarifas o les damos dinero a los beneficiados?

Quisiera analizar otra cuestión, menos polémica, pero no menos importante: ¿Quién paga el costo de la Tarifa Social?

El costo de tratar un litro de agua, de generar electricidad o de producir gas natural es independiente del nivel de ingresos de quien lo consume.

Que parte de la población no pueda pagar el costo de los servicios esenciales no implica que los costos de proveerlos se ajusten a su capacidad de pago.

En el caso de AYSA, como es una empresa estatal, los fondos que no recauda de sus clientes los aporta el Estado Nacional. Así, todos los contribuyentes terminan pagando el “costo de la tarifa social”. Los impuestos son nacionales, pero AYSA no. ¿Una familia de bajos recursos del resto del país recibe el mismo beneficio que su equivalente en AYSA? Todas las familias que se encuentren en la misma situación relativa deberían tener un tratamiento similar. ¿Lo tienen?

En el caso de la electricidad lo que no pagan los usuarios beneficiados por los componentes generación y transporte lo termina aportando el Estado Nacional. El componente de distribución que no pagan los usuarios no está sujeta a compensación por parte del Estado.

En el caso del gas natural ocurre algo similar, el gas que consumen los beneficiados por la tarifa social las distribuidoras no se lo pagan a los productores. En este caso tampoco habría pagos por parte del Estado para compensar la diferencia. Idéntico criterio se aplicaría sobre el componente de distribución.

En el caso de la electricidad y el gas natural una primera mirada diría que las empresas absorben lo que no cobran y no transfiere el Estado. Eso es cierto en primera instancia, pero finalmente los montos que las empresas no cobran de ciertos usuarios y no son compensados por el Estado se lo cargan al resto de los usuarios. Las empresas terminan mirando el precio promedio ponderado que reciben. Lo que algunos usuarios no pagan lo terminan pagando otros con precios más altos. Al evaluar los ingresos de las empresas no solo hay que tener en cuenta lo que cobran sino también lo que dejan de percibir por la tarifa social. En el contexto actual, solo eso nos dará una idea del real impacto de los incrementos que reciben.

Si la tarifa social no se financia con fondos públicos y se cubre con tarifas más altas para el resto de los usuarios, estos últimos terminan pagando un “tributo encubierto”. Esto se conoce como subsidios cruzados, que están prohibidos por los marcos regulatorios de la electricidad y del gas natural.

Lo justo sería que el esfuerzo de financiar las tarifas sociales sea cubierto con fondos presupuestarios y que la tarifa social beneficie relativamente por igual a las familias de menores ingresos sin importar su lugar de residencia.

Dada la particular coyuntura macroeconómica puede entenderse que el Estado quiera recurrir a los subsidios cruzados para “mostrar bajas en el gasto”. Podría ser entendible, pero en tal caso debería discriminarse en las facturas de los usuarios cuanto es pago de su servicio y cuanto aportan para financiar la tarifa social.

Tan importante como establecer la tarifa social es saber cuánto nos cuesta ¿Cuántos fondos de contribuyentes o usuarios se comprometen? Cuanto más transparente sea esa política pública mejor se podrá evaluar su impacto, sus costos y sus beneficios. Mucho tardamos en diseñar una Tarifa Social, ahora habría que abocarse a mejorar su alcance, su transparencia y la forma en que se financia.