La expropiación del 51% de las acciones de YPF cambió la dinámica de los precios de los hidrocarburos en Argentina. Primero los precios de los combustibles líquidos crecieron mas rápido que la inflación y el tipo de cambio. Luego el Estado diseñó un programa de incentivos para la producción del gas natural, conocido como “Plan Gas”. Luego ante la caída del precio internacional del petróleo se estableció el llamado “barril criollo”. Adicionalmente, este año el gobierno estableció nuevos precios para el gas natural en boca de pozo para usinas y estaciones de GNC y un sendero de precios hasta el 2019 para residencias y pequeños consumos. El costo del gas en boca de pozo para grandes consumidores no lo fija el Estado pero hoy ya se ubica alrededor de los valores fijados para usinas y estaciones de GNC.

Así, desde el año pasado los productores de hidrocarburos reciben por sus ventas en boca de pozo un precio promedio superior al que recibirían en otro lugar. El objetivo expuesto tanto por el gobierno anterior como el actual es que el nuevo “vector de precios” serviría de incentivo para que las empresas no solo mantengan el nivel de actividad y empleo sino para que realicen las inversiones necesarias para desarrollar los recursos disponibles, entre ellos los hidrocarburos no convencionales.

Ello sencillamente no ocurrió, el sector en los últimos dos años redujo inversiones liderados paradójicamente por YPF. Los conflictos laborales en el sector son un fiel reflejo de la baja en el nivel de actividad en el “upstream petrolero”. Mientras el gobierno les reclamó este año a empresas privadas que aumenten sus inversiones, YPF (la empresa mas grande del país y que es gestionada por el propio Estado), bajó sus inversiones en el orden del 25%.

¿Por qué las empresas no invierten si los precios son tan altos? Hay varias razones, pero la principal es que no hay horizonte de mediano plazo. Respecto al petróleo el gobierno actual manifestó que su intención es que su precio baje hacia los valores internacionales. En una reunión plenaria de Comisiones en el Congreso Nacional el gobierno llegó a decir que el “barril criollo” es un acuerdo entre privados sin intervención estatal. Así, las empresas cobran el precio alto, pero proyectan las inversiones a precios mas bajos. Los consumidores transferimos recursos a los productores que ellos no vuelcan a inversiones.

En el caso del gas natural pasa algo parecido. El precio para la generación térmica y estaciones de GNC fue fijado por resolución, el sendero de precios hasta 2019 para familias y pequeños consumos también fue fijado por resolución. Precios fijados por resolución no son buenas señales de mediano plazo. No está claro siquiera que el Estado tenga facultades para fijar precios en boca de pozo por una resolución. Los productores no tienen “contratos a plazo” que deban cumplir o les brinden un horizonte de precios. Hoy los productores no tienen una obligación de abastecimiento, ni una clara obligación de inversión, ni tienen certeza de precios a mediano plazo.

Ya van dos años consecutivos de precios altos y caída del nivel de actividad. La “foto” actual muestra que la transferencia de renta de la demanda a la oferta baja la demanda agregada justo en el momento que nuestro país necesita que esta crezca. El sector energético debiera estar llamado a aportar un considerable nivel de inversiones y ser un pilar del tan ansiado despegue de nuestra economía. Pero hasta ahora ello no ocurrió.

El gobierno tiene el ejemplo de las licitaciones exitosas que se hicieron en el sector eléctrico. De estas licitaciones surgieron contratos que obligan a las empresas a invertir y le dan un horizonte razonable de precios. Esa experiencia puede y debe capitalizarse para la producción de hidrocarburos. El gobierno debería diseñar un esquema mediante el cual las empresas del upstream petrolero tengan los incentivos y obligaciones que hasta hoy no tienen.

Obviamente no es lo mismo una licitación para instalar nueva potencia eléctrica donde puede esperarse multiplicidad de oferentes, que una licitación para el desarrollo de reservas hidrocarburíferas donde la competencia será baja. Pero diferencias al margen, podrían desarrollarse mecanismos para que aparezcan contratos que vayan marcando los precios a futuro. Primero podría ser el turno para los grandes consumos y las usinas térmicas, y luego las distribuidoras para su demanda cautiva. No hace falta contractualizar todo el mercado en un mismo momento, pero sería interesante que durante 2017 se den los primeros pasos, aprovechando las instancias regulatorias e institucionales que ya existen o diseñando nuevas.

Después de las marchas y contramarchas de este año, habría que agotar las instancias para que el 2017 sea el año donde se empiece a notar el impacto positivo de las inversiones petroleras que muchos suponemos nuestro país está en condiciones de atraer, pero que hasta ahora no lo pudo hacer de manera masiva aun disponiendo de recursos atractivos.